Vigilado y Vendido: Privacidad y santuario en Portland
Ilustración de Dabin Han
¿Qué tan efectivas son las políticas de ciudad santuario de Portland cuando el ICE puede rastrear y vigilar a las comunidades inmigrantes con total facilidad?
Editor’s note: “Vigilado y vendido” es una serie investigativa sobre cómo las tecnologías de vigilancia rastrean a los inmigrantes en una era de deportaciones masivas, y sobre las formas en que las empresas privadas y el gobierno de Estados Unidos compran, venden, e intercambian nuestros datos personales.
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Por Narimes Parakul, @ByNarimes
Traducido por Patricia Guadalupe, @PatriciagDC
Cuando veo a Nemorio por primera vez, está sentado solo en el Centro de Trabajadores Voz, en el sureste de Portland, Oregón. El hombre de 56 años está bien abrigado con ropa de invierno de colores neón y viendo un partido de fútbol en su teléfono.
La búsqueda de empleo es muy diferente a como solía ser. Cuando se unió al Centro de Trabajadores hace 14 años, dejó atrás la costumbre de permanecer de pie en una fría esquina de la calle para buscar trabajo en un lugar más seguro y cálido. Nemorio es jardinero profesional, pero acepta todo tipo de trabajos: solicitudes para ayudar a alguien con una mudanza, pintar su casa, limpiar el exterior de su negocio, o atender otras necesidades relacionadas con la construcción o la jardinería. Residente de Portland desde hace 22 años, ha trabajado para algunos de sus clientes durante más de una década.
Nemorio es uno de las docenas de jornaleros inmigrantes que buscan trabajo en el Centro de Trabajadores. Además de calefacción central, café, pastelería, y conversaciones para pasar el tiempo, el centro también brinda cierto grado de seguridad a sus trabajadores, algunos de los cuales son indocumentados. Un cartel que dice en grandes letras mayúsculas: «CERRADO AL PÚBLICO», está pegado sobre la puerta principal, junto a una cámara Ring. Los voluntarios se apuntan regularmente a turnos para sentarse en una silla plegable y vigilar la entrada principal. A menudo abrigados con impermeables y con té caliente en mano, observan los alrededores del Centro de Trabajadores, atentos a quién se acerca al edificio. Ante el aumento durante el último año de la presencia del ICE en Portland, su labor consiste en alertar a los trabajadores si ven a agentes enmascarados.
Cuando al principio me acerco a Nemorio, él cortésmente se niega a participar en una entrevista. Sin embargo, permanece en la misma sala mientras hablo con otro miembro: un limpiador de casas de Oregon City, recién llegado a la ciudad tras un viaje de dos horas en autobús. Poco después de que empezamos a hablar, una palabra capta la atención de Nemorio lo suficiente como para sumarse a la conversación.
“Cámara”.
Un sistema de Reconocimiento Automático de Matrículas de Autos (ALPR en inglés) en el estacionamiento de un supermercado Fred Meyer en el noreste de Portland, Oregón, el 27 de febrero de 2026. Foto: Celeste Noche/Fi2W.
El limpiador de casas y yo estamos hablando sobre las cámaras de alta tecnología instaladas por toda la ciudad de Portland. Son difíciles de pasar por alto, con grandes paneles solares y la grabación de una voz masculina que repite el mismo mensaje: “Esta propiedad está siendo monitoreada por videovigilancia las 24 horas del día”. Cuando le muestro a Nemorio una foto que tomé de una cámara en el estacionamiento de un Lowe’s, la reconoce de inmediato. Ha visto esas cámaras por todas partes, dice. Comienza a enumerar supermercados como WinCo y Fred Meyer. Recuerda una en particular en La Tapatía, una tienda latina de comestibles en Gresham, una ciudad fronteriza con Portland. “El ICE estaba buscando a alguien allí”, comenta.
También ha visto cámaras en localidades cercanas, como Beaverton. “Allí hay más inmigrantes indocumentados y más problemas”.
Cualquiera de esas cámaras, ubicadas en los estacionamientos que mencionó, podría estar captando la matrícula de su camioneta cada vez que pasa por el lado, registrando silenciosamente sus movimientos habituales.
Y cualquiera de ellas podría haber sido la que propició un incidente el pasado octubre, cuando un vehículo del ICE siguió a la camioneta de Nemorio — que llevaba remolcado su equipo de jardinería— después de que este abandonara un lugar de trabajo. Él asegura que tuvo suerte, ya que, finalmente, los agentes se desviaron para seguir a otro automóvil en su lugar.
“Es mejor ahora”, dice. “Tengo suerte de no tener problemas. Quizás Jesús me protege”.
Esto le sucedió a pesar de vivir en una ciudad santuario, dentro de un condado y estado también santuario. En 2026, Nemorio y otros inmigrantes residentes de Portland enfrentan amenazas diarias y temor de ser objeto de persecución o perfil racial mientras conducen. Las tecnologías de vigilancia están permitiendo a los agentes federales de inmigración eludir las protecciones santuario estatales y locales para revelar la información personal de los inmigrantes y rastrear sus movimientos; en muchos casos, esto conduce a su detención sin orden judicial ni sospecha razonable.
Durante el último año, los inmigrantes en Portland y por todo el país han tenido crecientes sospechas de estar siendo vigilados y seguidos. No se trata de un temor infundado: las detenciones por parte de ICE se cuadruplicaron el año pasado, y las detenciones en la vía pública aumentaron un 1100% a nivel nacional. El número de detenidos bajo custodia de ICE se incrementó un 75% en tan solo un año.
El Centro de Trabajadores Voz, donde unos voluntarios hacen guardia al frente de la puerta principal, el 27 de febrero de 2026 en Portland, Oregón. Foto: Celeste Noche/Fi2W.
Todo esto ha estado interrumpiendo la vida cotidiana de los inmigrantes. Una encuesta el año pasado realizada por KFF y el diario New York Times revela que el 41% de los inmigrantes teme que ellos o algún familiar puedan ser detenidos o deportados. Cerca del 14% evitó buscar atención médica, y alrededor del 13% dejó de ir al trabajo. Si bien sus temores son válidos, lo que desconocen es de qué manera están siendo vigilados.
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Estas inquietudes han impulsado a los organizadores comunitarios de Portland a tomar medidas. Elizabeth Aguilera es la directora de comunicaciones de un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes llamado Adelante Mujeres. El año pasado, comenzaron a organizar voluntarios para llevar a los niños a la escuela y hacer la compra para familias que temen salir de sus hogares.
Algunos aliados dentro del gobierno municipal de Portland también están respondiendo a su manera. Como única concejal municipal inmigrante de Portland, Angelita Morillo copatrocinó el otoño pasado una orden de emergencia para elevar a rango de ley la declaración de Portland como ciudad santuario. “La comunidad quería que les demostráramos que estábamos trabajando en estos temas y analizándolos con una mirada crítica”, afirma Morillo.
Aunque Nemorio desconoce los mecanismos que operan detrás de las cámaras, tiene una corazonada sobre el motivo de su presencia allí.
“Alguien está mirando a través de las cámaras”, dice.
“El santuario debe ser más que una palabra. Nadie debería tener que temer que una pausa para almorzar o para el regreso a casa pueda cambiar su vida para siempre. Sin embargo, para muchos empleados municipales y miembros de la comunidad, ese temor es real. Necesitamos más que sus palabras simbólicas.
— Marina Ortiz
Herramientas de Control
Las cámaras son Reconocimientos Automáticos de Matrículas de Autos (ALPR, por sus siglas en inglés). Por lo general, se instalan en señales de tráfico o en puentes. También pueden montarse en patrullas o dejarse en remolques móviles durante periodos prolongados en los estacionamientos de supermercados, centros comerciales, bancos, y gasolineras.
Lo más probable es que las haya visto en su vecindario. Los ALPR son usados en todos los 50 estados por más de 4,000 agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley. En el área metropolitana de Portland, hay aproximadamente 130 ALPRs instalados. A nivel nacional, estos dispositivos han registrado los movimientos de millones de personas, probablemente incluyendo los suyos.
Explora las ubicaciones de ALPR en Portland con el mapa de código abierto de DeFlock.
Los sistemas ALPR registran cada vehículo que detectan, captando y archivando su número de matrícula y sus características, junto con la fecha y la hora. Todas estas cámaras alimentan una única red, la cual puede revelar las rutinas diarias de una persona, registrando qué calles toma para ir al trabajo, a la escuela, a lugares religiosos, a citas médicas, y demás. Posteriormente, esos detalles se almacenan en una base de datos de fácil consulta.
Es un sistema que opera con poca o ninguna supervisión.
La policía no necesita una orden judicial para consultar la matricula de un vehículo. A menudo, la simple curiosidad basta como motivo para rastrear el historial de movimientos de un vehículo. Los agentes pueden elaborar una lista de matrículas específicas y recibir una alerta inmediata en cuanto un sistema ALPR detecta alguna de ellas, detallando con exactitud cuándo y dónde fue localizada. Asimismo, la policía puede acceder a los datos de las cámaras propiedad de empresas privadas, como Home Depot y Lowe’s, las cuales suelen ser puntos de reunión habituales para jornaleros.
Un sistema ALPR en una gasolinera al lado de la concurrida intersección de NE Grand y Broadway, en Portland, Oregón, el 4 de marzo de 2026. Foto: Celeste Noche/Fi2W.
Dos empresas, Flock Safety y Vigilant Solutions, acaparan el mercado de la venta de estas herramientas a las agencias de seguridad y a corporaciones privadas. Estas compañías afirman que su misión está al servicio de la seguridad pública y de resolver crímenes. Sin embargo, se sabe que ambas han colaborado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en labores de control migratorio.
El ICE recurre habitualmente a los datos de localización de vehículos recopilados por las agencias policiacas locales y estatales para llevar a cabo operaciones de deportación. La falta de protecciones federales de privacidad de datos permite a los agentes del ICE adquirir acceso a bases de datos personales a través de intermediarios de datos. Los agentes pueden usar estas bases de datos para cotejar números de matrícula y datos de ALPR con los registros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, en inglés), aprovechando así un tecnicismo legal para eludir las leyes de santuario. Se trata de una forma rápida y sencilla de revelar la imagen, la dirección, y los movimientos diarios de una persona.
La concejal del Distrito 3 de Portland, Angelita Morillo, en el salón del concejo municipal de Portland, el 27 de febrero de 2026. Foto: Celeste Noche / Fi2W.
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, los datos obtenidos mediante lectores de matrículas de autos — combinados con suscripciones a intermediarios de datos privados — están siendo explotados cada vez con mayor frecuencia para localizar y detener a inmigrantes. El ICE lleva a cabo estas acciones por todo el país sin órdenes judiciales, incluso en ciudades y estados santuario como Portland, Oregón.
“Aproximadamente un tercio de las detenciones se producen en la vía pública y, por lo general, [mientras la persona] se encuentra en un vehículo desplazándose de un lugar a otro”, afirma Aguilera. “Esto se debe en parte a estas técnicas de vigilancia, incluyendo el rastreo de matrículas”.
Las protecciones locales de santuario solo funcionan a nivel local, determinando para qué fines pueden — y no pueden — usarse los recursos y el personal de la ciudad y del estado. Dichas protecciones no bastan para impedir que las agencias federales adquieran acceso a intermediarios de datos y empleen tecnología de vigilancia para monitorear a los residentes de Portland. Asimismo, estas protecciones de santuario no han impedido que la Oficina de Policía de Portland comparta la información de sus residentes con una base de datos a la que el ICE tiene acceso.
Rastreado y Cazado
Según Aguilera, la mayoría de las detenciones registradas el año pasado en Oregón tuvieron lugar a lo largo de la carretera que atraviesa el condado de Washington, donde reside una sexta parte de la población latina del estado. Son precisamente las localidades más pequeñas del área metropolitana de Portland —como Beaverton, donde siguieron a Nemorio— los lugares donde los jornaleros suelen encontrar trabajo. El 90% de estas detenciones de vehículos, señala Aguilera, suelen producirse entre las seis y las nueve de la mañana, cuando la gente se dirige al trabajo o a la escuela.
En una madrugada del pasado mes de octubre, una trabajadora agrícola de Woodburn, Oregón, se dirigía a su lugar de empleo. Al igual que le ocurrió a Nemorio ese mismo mes, aunque en una localidad situada a 30 minutos de distancia, ella también fue seguida mientras viajaba.
Pero, a diferencia de Nemorio, su vehículo fue interceptado por agentes del DHS. Los oficiales que la detuvieron no le pidieron su nombre ni mostraron documento alguno. Rompieron el cristal de la ventanilla de su auto y detuvieron a todos. Las autoridades de inmigración la detuvieron a ella, junto con otras 30 personas, ese mismo día. Sus arrestos formaban parte de una campaña de vigilancia y deportación en curso en Oregón, denominada Operación Rosa Negra (Operation Black Rose, en inglés).
“Se quedan allí, vigilan, y verifican las matrículas”, afirma Aguilera. “Y luego llevan a cabo detenciones masivas sin [fundamento de] sospecha razonable”.
En febrero, un juez federal emitió una orden de emergencia para detener los arrestos sin orden judicial en Oregón. Para ese entonces, se habían producido más de 800 detenciones por parte del ICE en Oregón entre enero y octubre de 2025, registrándose más de 500 arrestos migratorios tan solo en Portland.
“Qué dice esto de nosotros como ciudad santuario”, preguntó Marina Ortiz ante el concejo municipal durante una audiencia en septiembre. Ortiz es copresidenta de Latinx PDX, un grupo de recursos para los empleados de la ciudad. “El santuario debe ser más que una palabra. Nadie debería tener que temer que una pausa para almorzar o el regreso a casa pueda cambiar su vida para siempre. Sin embargo, para muchos empleados de la ciudad y miembros de la comunidad, ese miedo es real. Necesitamos más que sus palabras simbólicas”.
Blue lights, some with attached ALRPs, along the south waterfront in Portland, Oregon, on March 4, 2026. Photo credit: Celeste Noche / Fi2W.
Promesas Incompletas de Santuario
Un mes después del pedido de Ortiz, el concejo municipal de Portland aprobó una orden de emergencia para oficializar el estatus de ciudad santuario. La orden prohíbe que se usen a los empleados y recursos de la ciudad de Portland para ayudar a cualquier agencia federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
“Realmente no soy partidaria de las resoluciones que dicen que nos importa el grupo de personas X, pero que no vamos a hacer nada concreto por ellas”, afirma la concejal Morillo. En 2017, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el concejo municipal aprobó una resolución que declaraba a Portland ciudad santuario. “El concejo municipal insta a todos los residentes de Portland a unirse y trabajar juntos para promover la bondad y la comprensión en nuestra comunidad compartida”, escribió el concejo municipal en la conclusión de la resolución de 2017.
Sin embargo, las resoluciones no tienen vigencia legal; simplemente expresan la opinión formal del concejo municipal. Sin políticas específicas que definan qué significa en la práctica el estatus de santuario, ya sea a nivel municipal o estatal, estas declaraciones no pasan de ser meras declaraciones políticas.
Esta crítica fue secundada por los residentes de la ciudad, quienes, durante la audiencia pública celebrada en septiembre, instaron al concejo municipal a codificar las protecciones de santuario.
“Antes de este año, las políticas de santuario se sentían, en cierto modo, como el equivalente a que una empresa cambiara su logotipo por un arcoíris durante el mes de junio”, declaró en la audiencia Jack Dickinson, residente de Portland. “Ya no vivimos en un mundo en el que eso pueda justificarse como suficiente”.
Negocios locales como el Bipartisan Café en el sureste de Portland, Oregón, exhiben letreros en apoyo a las comunidades inmigrantes el 4 de marzo de 2026. Foto: Celeste Noche/Fi2W.
Sin embargo, incluso con la nueva orden de emergencia, las leyes locales de santuario no pueden prevalecer sobre las políticas federales. Esto significa que las leyes de santuario no pueden proteger a los inmigrantes de la deportación ni de los procesos penales iniciados por el gobierno federal.
Cuando el estatus de santuario de la ciudad se convirtió en ley el pasado octubre, las detenciones por motivos migratorios en Oregón ya se habían disparado casi 80 veces más que el año anterior.
Nick Kai, residente de Portland, recuerda que dos de esos arrestos en la misma semana involucraron a padres inmigrantes de su vecindario. Kai es un observador legal capacitado con el Gremio Nacional de Abogados (NLG, en inglés). Uno de los vecinos de Kai fue detenido por el ICE cuando se dirigía a su trabajo. En esa misma audiencia, Kai relató que ahora conduce a la escuela a la hija de un amigo porque que la madre tiene miedo de salir de su casa.
“Un verdadero santuario significa seguridad en cada aspecto de tu vida cotidiana, no solo cuando entras en un edificio municipal”, dice Kai. “Es santuario en las escuelas, las iglesias, los hospitales, los supermercados, los correos, los centros comunitarios - en todo aquello esencial para nosotros. Nadie debería vivir con el temor de ser separado de su familia simplemente por salir de casa. Eso es santuario”.
Sin leyes federales sólidas sobre privacidad de datos que impidan la venta de información personal de personas, las protecciones de santuario seguirán siendo ineficaces frente a estas lagunas legales.
Contratos revelan que la policía comparte datos de los residentes de Portland.
Tanto la Oficina de Policía de Portland como la Oficina del Aguacil del condado de Multnomah - que abarca la ciudad de Portland - han negado tener contratos activos con Flock Safety. Sin embargo, en enero de 2026, la Oficina de Policía confirmó un contrato reciente con Motorola Solutions, el propietario de Vigilant Solutions.
Esta relación sugiere que la información privada de los residentes de Portland podría estar compartiéndose sin su conocimiento, independientemente de su estatus migratorio.
“Esa información se está canalizando sistemáticamente por todo el país hacia intermediarios privados de datos”, afirma Laura Rivera, abogada principal de Just Futures Law, una organización que brinda apoyo legal a activistas trabajando por los derechos de inmigrantes. “[Ellos] la venden a organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y a entidades privadas que podrían explotarla”.
Desde 2017, Vigilant Solutions ha vendido datos de matrículas de auto al DHS y a sus agencias a través de Thomson Reuters, una empresa intermediaria de datos. Dichos datos pueden consultarse mediante una base de datos de investigación de Thomson Reuters llamada CLEAR.
A través de su nuevo contrato con Motorola Solutions, cualquier matrícula de auto leída por el ALPR que sea propiedad de la Oficina de Policía de Portland se incorporará al sistema CLEAR —cayendo directamente en manos del ICE, en violación de la orden municipal y del Acta de Promesa de Santuario del estado.
Esa no es la única manera en que el ICE pueda acceder a los datos de los residentes de Portland. Una solicitud de registros públicos que Feet in 2 Worlds presentó ante la Oficina de Policía de Portland reveló que esta mantiene una suscripción activa a LexisNexis Accurint, una base distinta de datos de investigación que ofrece acceso a los nombres, números de Seguro Social, direcciones, registros de vehículos, facturas de servicios públicos, y datos de ALPR de millones de personas, entre muchos otros datos.
En un correo electrónico a Feet in 2 Worlds, el sargento Kevin Allen — Oficial de Información Pública de la Oficina de Policía— declaró que dicha oficina usa la base de datos para “ayudar a identificar y localizar a sujetos involucrados en investigaciones”.
Negocios locales como Fresh Love, en el noreste de Portland, Oregón, cuelgan letreros en apoyo a las comunidades inmigrantes, el 4 de marzo de 2026. Foto: Celeste Noche/Fi2W.
La suscripción de la oficina de policía incluye el acceso a otra base de datos de investigación, desarrollada originalmente para el gobierno federal tras los atentados del 11 de septiembre. El Centro Virtual de Crimen (AVCC, en inglés) fue creado para realizar búsquedas masivas de datos personales de musulmanes con el fin de generar listas de sospechosos a raíz de los ataques del 11 de septiembre.
Como condición para acceder al AVCC, la oficina de policía y otras agencias locales del orden público tienen que compartir sus datos con la base de datos Intercambio de Datos de Seguridad Pública (PSDEX, en inglés). La PSDEX recopila datos procedentes de miles de agencias policiacas en todo el país.
El ICE tiene acceso a AVCC y PSDEX.
La Oficina de Policía de Portland está entregando sus datos a la misma base de datos de investigación que usa el ICE para localizar inmigrantes. Esto significa que, incluso si las fuerzas del orden de Portland no cooperan directamente con el ICE, este organismo aún puede acceder los datos de los residentes de la ciudad.
Es importante destacar que el ICE a través del sistema AVCC también puede acceder los datos de las cárceles sobre la liberación de reclusos. A menudo, el ICE solicita a la policía local que retenga a una persona bajo su custodia por 48 horas adicionales mediante un formulario conocido como una solicitud de detención. Una vez que el ICE conozca la fecha y hora exacta de la liberación de un detenido, sus agentes pueden presentarse en la cárcel y directamente trasladar dicha persona a custodia federal. La sección de preguntas frecuentes de la Oficina de Policía establece que “los agentes no deberán acatar ni cumplir con las solicitudes de detención por motivos migratorios emitidas por agencias federales”, en cumplimiento de las leyes de las ciudades santuario. Sin embargo, el intercambio de datos que mantienen con PSDEX —formalizado mediante un contrato— socava dicha afirmación.
Cuando Feet in 2 Worlds contactó a la Oficina de Policía de Portland, el sargento Kevin Allen a través de un comunicado enviado por correo electrónico negó cualquier participación en el sistema PSDEX. “No encontramos referencia alguna a esto en el contrato vigente con LexisNexis”, escribió. Asimismo, negó que la Oficina de Policía esté obligada por contrato a compartir con las bases de datos de LexisNexis -- incluyendo la herramienta AVCC creada tras los atentados del 11 de septiembre -- los datos sobre matrículas de vehículos y sobre liberaciones de las cárceles.
Sin embargo, el anexo que Feet in 2 Worlds obtuvo mediante una solicitud de registros públicos establece que la oficina de policía “acuerda enviar contribuciones de datos de clientes a LexisNexis.”
“El ICE busca explotar cada vez más a los intermediarios de datos para alimentar su maquinaria de deportación”, afirma Rivera, abogada de Just Futures Law. “Estamos viendo, justo ahora y bajo este gobierno, cómo se están usando como armas a los intermediarios de datos y a otras herramientas de vigilancia para criminalizar a los miembros de nuestra comunidad y exponerlos a detenciones y deportaciones a un nivel nunca visto”.
Sin leyes federales sólidas sobre privacidad de datos que impidan la venta de la información personal de personas, las protecciones de santuario seguirán siendo ineficaces frente a estas lagunas legales. Mientras tanto, el gobierno federal está construyendo y reforzando una amplia infraestructura de vigilancia para recopilar nuestros datos, apuntando en primer lugar a las comunidades inmigrantes.
Feet in 2 Worlds cuenta con el apoyo de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación Ford, la Fundación Fernandez Pave the Way, la Fundación Elizabeth Bond Davis, un donante anónimo, y los colaboradores de nuestra campaña anual NewsMatch.
Narimes Parakul es la becaria de reportajes para el periodo 2025-2026 en Feet in 2 Worlds y una galardonada periodista de investigación radicada en el Noroeste del Pacífico (PNW, en inglés) de Estados Unidos. Más recientemente, se desempeñó como la primera investigadora y verificadora de datos en el equipo de investigaciones de Business Insider. Su trabajo en proyectos de investigación de largo formato incluye reportajes sobre las consecuencias ambientales y financieras de los centros de datos por todo Estados Unidos; su contribución al primer conjunto de datos periodísticos sobre homicidios de personas transgénero a lo largo de un periodo de cinco años; y la creación de una base de datos periodísticas que expuso el encubrimiento de casos de abuso sexual perpetrados por docentes de secundaria en los distritos escolares más grandes del país. Mediante el uso proactivo de registros públicos, sus reportajes de investigación abordaron patrones de abuso, condiciones inhumanas, y muertes injustas en los sectores correccionales y de atención psiquiátrica.
Patricia Guadalupe, criada en Puerto Rico, es una periodista multimedia bilingüe radicada en Washington, D.C., que cubre las noticias de la capital para medios en inglés y español, además de ser coeditora de palabra. Fue presidenta del local en Washington, D.C., de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y anteriormente trabajó como reportera en la ciudad de Nueva York. Ha sido editora y reportera de Hispanic Link News Service, reportera de WTOP Radio (afiliada de CBS News), corresponsal en Washington de WKAQ Radio y Radio Bilingüe, reportera colaboradora de la cadena CBS Radio y Latino USA de NPR, y es corresponsal para NBC Latino y la revista Latino, entre otras. Es graduada de Michigan State University y tiene una maestría de la George Washington University. También es profesora adjunta en la Facultad de Comunicación de American University y en el buró de Washington de la Facultad de Periodismo de Florida International University. @PatriciagDC