Una nueva ley de privacidad de datos busca proteger a todos en Montana sin importar su estatus
Ilustración de Dabin Han
¿Puede Oregón seguir el ejemplo de Montana y aprobar una legislación similar?
Surveilled and Sold es una serie de investigación sobre cómo las tecnologías de vigilancia rastrean a los inmigrantes en una era de deportaciones masivas, y las formas en que las empresas privadas y el gobierno de Estados Unidos compran, venden e intercambian nuestros datos personales.
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Por Narimes Parakul, @ByNarimes
Editado para palabra por Tamoa Calzadilla, @tamoacalza
Los inmigrantes y los insurrectos del 6 de enero en el Capitolio pueden no parecer tener mucho en común, excepto en lo que podrían ganar con una nueva ley presentada por uno de los senadores estatales de Montana, el republicano Daniel Emrich.
Al menos nueve habitantes de Montana estuvieron involucrados en la insurrección de 2021, incluyendo a Stewart Rhodes, fundador de los Oath Keepers, una milicia de extrema derecha y anti-gobierno.
Entre las 1.500 personas arrestadas por el ataque estaba Patrick William O’Brien, un padre que condujo durante tres días con su hijo hasta el Capitolio. El senador Emrich dice que conoce personalmente a O’Brien, un residente de Great Falls, Montana. Tanto Rhodes como O’Brien fueron posteriormente indultados por el presidente Donald Trump.
Cinco años después de que los insurrectos irrumpieran en la sede del Congreso de EE.UU. el 6 de enero de 2021, Emrich sigue reflexionando sobre su impacto. Pero no está pensando en la destrucción de propiedad federal ni en las agresiones físicas contra agentes de policía. Lo que más le preocupa es la violación de los datos personales de los participantes en los disturbios.
“Es lo mismo que si alguien entrara en tu casa y decidiera registrarla sin una orden judicial”, dice Emrich.
Senador estatal Daniel Emrich en el spa de salud de su propiedad, ubicado dentro del centro comercial Holiday Village Mall en Great Falls, Montana. Crédito de la foto: Sarah Mosquera / Fi2W.
El 7 de enero, un software de reconocimiento facial llamado Clearview AI registró un aumento en su uso entre las fuerzas del orden, ya que investigadores federales lo utilizaron para identificar a los insurrectos.
En los meses siguientes, los investigadores combinaron datos de localización de teléfonos inteligentes, fotos y otras publicaciones en redes sociales para encontrar sospechosos y determinar con precisión sus identidades y movimientos ese día.
Los investigadores también accedieron a información de los insurrectos a través de compañías corredoras de datos (data brokers). Estas son empresas privadas que recopilan información personal de millones de estadounidenses y la venden a cualquiera dispuesto a pagar una suscripción. En los años posteriores al 6 de enero, el FBI obtuvo datos de localización de 10 de estas empresas en su investigación.
Impactado por el hecho de que el gobierno federal pudiera acceder a datos privados de los habitantes de Montana para descubrir sus identidades, Emrich decidió actuar.
“Sabía que si estaban tratando de identificar a personas del 6 de enero, tenían que estar haciéndolo en muchas otras áreas”, dice Emrich. “Ese fue realmente el origen de lo que me hizo darme cuenta de que era un problema enorme”.
Cerrando la laguna de los corredores de datos
Según la Cuarta Enmienda, las fuerzas del orden generalmente deben obtener una orden judicial para registrar la propiedad de alguien, incluyendo información privada, como mensajes electrónicos, diarios personales y archivos informáticos. Para obtenerla, se requiere lo que se denomina causa probable: hechos o evidencia que lleven a las autoridades a creer que se ha cometido un delito y que un registro es necesario.
“Debido a la existencia de los corredores de datos, las fuerzas del orden pueden acudir a ellos y comprar la información en lugar de obtener una orden judicial, y usar esta puerta trasera hacia tu información personal”, dice Emerald Tse, asociada del Center on Privacy & Technology en Georgetown Law. “Al hacerlo, no tienen que justificar por qué necesitan esa información en primer lugar”.
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Conocida como la “laguna de los corredores de datos”, esta práctica es precisamente lo que preocupaba al senador Emrich.
En febrero de 2025, Emrich presentó el Proyecto de Ley 282 del Senado de Montana, con el objetivo de impedir que los gobiernos estatal y federal compren datos privados de individuos. Con la aprobación de la ley en mayo de 2025, Montana se convirtió en el primer estado del país en cerrar esta laguna.
La ley entró en vigor el 1 de octubre de 2025. Esto significa que las agencias gubernamentales locales y estatales en Montana ya no pueden pagar para acceder a datos sensibles de los residentes (como la identidad de sus familiares o sus afiliaciones religiosas) sin una orden judicial, el consentimiento directo de la persona o una citación investigativa.
También prohíbe el acceso a comunicaciones electrónicas o información sobre transferencias electrónicas de fondos, ambas utilizadas por autoridades federales para localizar y detener inmigrantes.
“Esto es una protección contra cualquier tipo de abuso gubernamental de la Cuarta Enmienda para obtener información de manera ilegal”, dice Emrich.
La ley establece un precedente monumental en materia de privacidad de datos para el resto del país, donde no existe una legislación federal integral. Y podría ser especialmente importante para proteger la privacidad de poblaciones vulnerables, incluidos los inmigrantes.
“Esto es una protección contra cualquier tipo de abuso gubernamental de la Cuarta Enmienda para obtener información de manera ilegal”
— Daniel Emrich, senador estatal de Montana
Represión contra inmigrantes en Montana
En 2026, inmigrantes en todo Estados Unidos — así como manifestantes anti-ICE — están siendo sometidos a las mismas capacidades de reconocimiento facial de Clearview AI. A través de contratos del gobierno federal con corredores de datos privados, huellas dactilares y escaneos faciales, que están siendo combinados con información personal para revelar identidades y patrones de movimiento.
Vanessa Zamora, directora ejecutiva de Bienvenidos a Gallatin Valley, en su oficina en Bozeman. Crédito de la foto: Sarah Mosquera / Fi2W.
Vanessa Zamora es la directora ejecutiva de Bienvenidos a Gallatin Valley, una organización de base que proporciona recursos para inmigrantes que se adaptan a la vida en Estados Unidos. Como organizadora comunitaria radicada en Bozeman, la cuarta ciudad más grande de Montana, Zamora ha visto de primera mano cuán cautelosos son los inmigrantes en su comunidad ante las violaciones de su privacidad de datos.
“La ansiedad y el miedo en la comunidad han aumentado muchísimo”, dice Zamora. Desde 2019, su organización ha estado ayudando a inmigrantes en Bozeman y sus alrededores a navegar el sistema de salud, las escuelas, la vivienda y los servicios públicos.
A los 17 años, Zamora emigró de Colombia a Estados Unidos. Recuerda que la transición la hizo sentirse aislada. A través de su trabajo, Zamora dice que está ofreciendo un recurso que ella necesitó cuando era más joven. “Bienvenidos es un espacio acogedor para personas y familias hispanohablantes que se han mudado a la zona y que pueden sentirse como yo me sentí cuando llegué por primera vez”.
Ella comprende por qué muchos inmigrantes dudan en compartir su información personal, incluso para el censo. Se debe a la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, dice.
“Hay una falta de confianza sobre adónde va tu información, y es totalmente comprensible, especialmente en el clima actual”, dice.
Recientemente, la labor de defensa de Zamora ha cambiado de rumbo. Ha estado ayudando a familias inmigrantes a localizar a sus familiares desaparecidos que han sido detenidos por ICE. Entre ellos se encuentran dos graduados de escuelas secundarias locales.
A primera vista, los objetivos políticos de Zamora no parecen alinearse con los del senador estatal Daniel Emrich. Pero sobre la legislación de Emrich, el Proyecto de Ley 282 del Senado de Montana, Zamora dice: “Creo que es un gran paso para ganar la confianza de una comunidad que no confía mucho en la recopilación de datos”.
Libertad y privacidad para todos
La constitución de Montana refleja los valores arraigados de sus residentes en favor de un gobierno limitado, las libertades individuales y el derecho a la privacidad. El estado goza de una reputación singular por garantizar protecciones de privacidad de gran alcance para sus habitantes.
A medida que crece la industria de la vigilancia, los legisladores de Montana han aprobado leyes que limitan el uso del reconocimiento facial. Han impedido que las compañías de servicios energéticos vendan datos de clientes sin su consentimiento. Y desde 2021, Montana se convirtió en uno de los dos estados que exige una orden judicial para acceder a bases de datos de ADN de consumidores. Ahora, con el Proyecto de Ley del Senado 282, Montana está impidiendo que la policía local y otras agencias gubernamentales accedan a datos sensibles de las personas mediante pago a través de intermediarios privados de datos.
“En Montana, creo que todavía existe una fuerte corriente libertaria”, dice Henry Seaton, un cabildero de la ACLU de Montana. Seaton tiene su sede en Helena, la capital del estado. “Aún hay un grupo importante de personas que creen que el gobierno federal, sin importar quién esté a cargo, no tiene derecho a espiarlos. Es un sentimiento que no se replica en muchos otros estados”.
Vista del centro de Bozeman, donde se encuentra Bienvenidos a Gallatin Valley. Crédito de la foto: Sarah Mosquera / Fi2W
Montana es uno de los estados menos poblados del país, con solo 1,14 millones de habitantes. A partir de 2023, solo el 2,2% de ellos son inmigrantes. Sin embargo, en los últimos 10 años, el panorama cultural históricamente blanco y conservador allí ha estado cambiando. Un número creciente de inmigrantes ha estado llegando de países como Ucrania, Venezuela y Siria.
Se han trasladado a ciudades como Bozeman, Missoula y Kalispell, según Valley Neighbors of the Flathead, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes en Kalispell, Montana, una ciudad a cinco horas al norte de Bozeman. El rápido crecimiento poblacional en una ciudad como Bozeman, por ejemplo, ha creado oportunidades laborales en servicios turísticos, limpieza y la industria de la construcción, atrayendo a más inmigrantes a la zona.
El senador Emrich dice que no tenía particularmente a los inmigrantes en mente cuando redactó el proyecto de ley.
“Con respecto a los inmigrantes ilegales, no he profundizado lo suficiente como para determinar exactamente cuánto están realmente protegidos bajo nuestra constitución cuando no están aquí legalmente”, dice Emrich. “Pero sí sé que nuestra ley estatal puede extender, hasta cierto punto, un paraguas de protección legal básica independientemente de su estatus”.
“En Montana, creo que todavía existe una fuerte corriente libertaria.
Aún hay un grupo importante de personas que creen que el gobierno federal, sin importar quién esté a cargo, no tiene derecho a espiarlos. Es un sentimiento que no se replica en muchos otros estados”.
— Henry Seaton, cabildero de la ACLU de Montana
La información sobre el estatus de ciudadanía de una persona está protegida bajo la definición de datos sensibles de la nueva ley, junto con los familiares de una persona, afiliaciones religiosas, estado de salud, datos biométricos y ubicación precisa. Los dos últimos fueron clave para encontrar las identidades de cientos de insurrectos.
Estas protecciones de privacidad son ahora especialmente relevantes para los inmigrantes en el estado, ya que los intermediarios de datos son una herramienta esencial que ayuda a ICE a realizar detenciones de tráfico y arrestos posteriores.
A pesar de representar un pequeño porcentaje de la población, muchos inmigrantes de Montana han sido detenidos por ICE y CBP en el último año, en línea con el aumento de las acciones de control migratorio en todo el país.
Rebecca Miller es presidenta de la junta de Valley Neighbors of the Flathead. Ella dice que su organización ha notado una tendencia de agentes de la Patrulla de Carreteras deteniendo a inmigrantes mientras conducen. Luego, la policía alerta a agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes llegan para llevar a los conductores bajo custodia federal.
En Bozeman, a unos 300 millas de Kalispell, los inmigrantes también están siendo detenidos por la Patrulla Fronteriza mientras conducen. Zamora, cuya organización tiene su sede en el condado de Gallatin — donde se encuentra Bozeman —, coincide con Miller.
“Los residentes del condado de Gallatin están siendo detenidos, [no solo] dentro del condado, sino cuando salen del condado y están en carreteras del condado, [o] carreteras estatales”, dice Zamora.
Donaciones en la oficina de Bienvenidos a Gallatin Valley ubicada en Bozeman, MT. Crédito de la foto: Sarah Mosquera / Fi2W
Incidentes como estos no se limitan al estado de Montana. A casi 800 millas de distancia, en el condado de Washington, Oregón, activistas están contando historias inquietantemente similares.
Elizabeth Aguilera es la directora de comunicaciones de Adelante Mujeres, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes en Oregón. Ella dice que los inmigrantes están siendo detenidos mientras se desplazan de un lugar a otro en su vida cotidiana.
“[Los detienen] en un vehículo o mientras se mueven de un lugar a otro. Por lo general, es entre la casa, el trabajo, la escuela, el supermercado, todos los lugares a los que necesitamos ir. Esos son los momentos en que las personas son más vulnerables”, dice Aguilera. “La gente tiene miedo de salir de sus casas. Los niños tienen miedo de ir a la escuela. Las personas no pueden o tienen miedo de ir a sus lugares de trabajo.”
Pero de vuelta en Montana, tanto los inmigrantes como los presuntos insurrectos pueden recurrir al Proyecto de Ley 282 del Senado para protecciones de privacidad.
“Es una alianza completamente improbable”, dice Seaton de la ACLU de Montana. Sobre el senador Emrich, Seaton dice: “Estamos en desacuerdo en casi todo”. Pero logró aprobar este proyecto de ley y es una pieza legislativa asombrosa. Realmente hace mucho para proteger a todos los habitantes de Montana”.
Pero, ¿qué tan eficazmente protege la nueva ley de Montana la privacidad de los inmigrantes?
Limitaciones de la ley
El Proyecto de Ley del Senado 282 impide que las entidades gubernamentales puedan comprar y compartir los datos privados de los habitantes de Montana. Pero, como cualquier nueva legislación, tiene deficiencias.
Este proyecto de ley solo se aplica al gobierno estatal y local.
“Los gobiernos estatales no pueden regular a los gobiernos federales. Así no funciona la separación de poderes”, dice Rin Alajaji, directora asociada de asuntos estatales en la Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro que aboga por la privacidad digital.
“Este proyecto de ley no puede afectar lo que utiliza USCIS para encontrar información sobre inmigrantes, pero sí impide algo como que una agencia de policía de Montana ayude a ICE compartiendo esos datos”.
La ley aún permite que el gobierno local acceda a datos sensibles si cuenta con una orden judicial o una citación investigativa; esta última tiene un umbral mucho más bajo para obtenerse, lo que facilita potencialmente violar la privacidad de alguien.
Brian Hofer es director ejecutivo de Secure Justice, un grupo legal sin fines de lucro que aboga contra el abuso de poder por parte del Estado. Hofer señala que la ley no incluye ningún lenguaje que prohíba el intercambio de datos entre agencias. Eso significa que si una agencia local o estatal obtiene datos sensibles, aún es libre de compartirlos con otras agencias.
Es importante destacar que la ley tampoco contiene una cláusula que normalmente permitiría a las personas demandar por una violación de la ley cuando la aplicación gubernamental podría ser insuficiente. Sin esa cláusula, solo el Estado, y no los individuos, puede demandar para hacer cumplir la ley.
Pero la ley sigue siendo un punto de partida. En otros estados, los legisladores ahora tienen un modelo para asegurar protecciones de privacidad de datos similares — o quizás incluso más fuertes — para sus constituyentes.
“Es posible impulsar estas leyes y llevarlas a cabo”, dice Hofer. “Lo que [otros estados] también pueden aprender de Montana es dónde están las debilidades y mejorar su propia versión”.
Oregón redacta sus propias protecciones
Protecciones similares están en desarrollo en lugares como Portland, Oregón. A diferencia de Montana, tanto Portland como Oregón son jurisdicciones santuario, lo que prohíbe legalmente el uso de sus recursos y personal para asistir en los esfuerzos federales de control migratorio. Portland, en particular, tiene mayor diversidad en su población y posturas más progresistas entre sus residentes.
En febrero de 2026, el Concejo Municipal de Portland votó por unanimidad para crear una Oficina de Datos y Privacidad de la ciudad completamente dotada de personal. La concejala Angelita Morillo lideró la iniciativa, junto con el concejal Steve Novick.
A lo largo de sus 17 años en Portland, Morillo ha vivido la ciudad como inmigrante paraguaya, como miembro de la comunidad LGBTQ+ y como una persona sin hogar en Portland. Cuando fue elegida para el concejo municipal en 2024 como la única integrante inmigrante, reconoció que había más por hacer para garantizar mayor seguridad a las comunidades marginadas.
Morillo se postuló con una plataforma que reconoce la desigualdad sistémica que influye en problemas como la falta de vivienda y la justicia climática.
En 2025, el Concejo Municipal de Portland reconoció que la información privada de las personas y otros sistemas de intercambio de información están siendo explotados por la aplicación federal de las leyes de inmigración. El Concejo señaló que estos riesgos de explotación recaen de manera desproporcionada sobre los habitantes marginados de Portland, incluidos inmigrantes, personas de color y manifestantes.
En la primera parte de nuestra serie Surveilled and Sold, Feet in 2 Worlds reveló la existencia de contratos activos entre la policía de Portland y corredores de datos privados, lo que socava las políticas de ciudad santuario.
Al establecer la Oficina de Datos y Privacidad, Portland busca prevenir futuras formas de explotación. De esta manera, la misión de la oficina se alinea con la de la nueva ley de Montana.
La concejala del Distrito 3 de Portland, Angelita Morillo, en su oficina en el Ayuntamiento de Portland el 27 de febrero de 2026. Crédito de la foto: Celeste Noche / Fi2W
Con su próxima implementación en el gobierno municipal, la nueva oficina de Portland tiene el potencial de emitir una directiva similar a la ley de Montana, y prohibir que las entidades gubernamentales locales y estatales compren datos sensibles de los residentes.
La nueva Oficina de Privacidad de Datos estará dirigida por un Oficial de Datos de la Ciudad designado. La oficina tendrá la tarea de fortalecer las protecciones de privacidad al “minimizar los riesgos de los corredores de datos [y] el intercambio no controlado de información sensible”.
Aunque no tendrá autoridad legislativa, la oficina asesorará al Concejo Municipal sobre políticas relacionadas con la supervisión futura de la vigilancia y la privacidad.
La oficina tendrá que enfrentarse a la actual falta de transparencia en torno a las estructuras de datos de las distintas dependencias municipales y a con quién pueden estar compartiendo la información.
Un nuevo Oficial de Datos de la Ciudad colaborará con el actual Director de Información para desarrollar salvaguardas de datos. Otros colaboradores clave incluyen la Oficina de Equidad y Derechos Humanos para abordar las necesidades de privacidad de comunidades excesivamente vigiladas, junto con la Oficina de Servicios Tecnológicos.
“Esto es una reubicación del trabajo y de los puestos existentes en la ciudad (es decir, una reorganización), no la creación de una oficina desde cero”, según una presentación realizada en una reunión del concejo municipal. “El objetivo es que los mismos expertos que hoy realizan este trabajo se trasladen a la nueva oficina junto con sus puestos, continuando su labor pero con la autoridad a nivel de toda la ciudad necesaria para proteger los datos de los residentes de Portland contra usos indebidos”.
Las propuestas presupuestarias para la oficina aún están en proceso, por lo que no está claro exactamente cuántos empleados tendrá.
La concejala Morillo cree que esta iniciativa será beneficiosa para todos los residentes de Portland, independientemente de su estatus migratorio. Mientras tanto, las medidas de control migratorio en Oregón continúan intensificándose, alimentando una cultura de miedo, especialmente para los residentes indocumentados, cuyos datos podrían conducir a su detención o deportación.
Con la implementación propuesta de la oficina más adelante en 2026, su eficacia para prevenir lagunas en el intercambio de datos está por verse. Y, como admite Morillo, en general es difícil comprender cómo circulan los datos privados y quién tiene acceso a ellos.
“Si estamos creando un contrato con un proveedor y tienen regulaciones muy laxas sobre lo que recopilan y con quién lo comparten, nos estamos convirtiendo en facilitadores involuntarios de ese sistema”, dice Morillo. “Es realmente difícil volver a meter al genio en la botella una vez que los datos ya han sido recopilados”.
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Esta historia fue apoyada por Solutions Journalism Network como parte del How Government Responds Innovation Fund.
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Narimes Parakul is the 2025-2026 Reporting Fellow at Feet in 2 Worlds and an award-winning investigative journalist based in the Pacific Northwest. Most recently, she was Business Insider’s first staff researcher and fact-checker on the investigations team. Her work on longform investigative projects include reporting on the environmental and financial consequences of data centers across the U.S., contributing to the first reporting dataset of transgender homicides over a five-year span, and building a reporting database exposing sexual abuse cover-ups among secondary school teachers in the largest school districts in the country. Using enterprising public records, her quicker turnaround investigative stories covered patterns of abuse, inhumane conditions, and wrongful deaths in the correctional and psychiatric care industries.