Quiénes, cómo y para qué negocian nuestros datos
Ilustración por Dabin Han
Hay empresas que operan bajo un modelo de negocio en el que tus datos son el producto, uno que genera decenas de millones de dólares anuales.
Surveilled and Sold es una serie de investigación sobre cómo las tecnologías de vigilancia rastrean a los inmigrantes en una era de deportaciones masivas y las formas en que las empresas privadas y el gobierno de Estados Unidos compran, venden e intercambian nuestros datos personales.
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por Narimes Parakul, @ByNarimes
Traducido y editado por palabra. @palabranahj
“Portland es muy especial para Flock.”
“Parece que ahora es el momento adecuado para traer tecnología para salvar vidas al Departamento de Policía de Portland”.
“Ustedes y las demás personas en Portland son ‘niños especiales’, y estamos motivados a brindarles algunos logros y llevar esta tecnología que salva vidas a su jurisdicción. Por lo tanto, no veo necesario limitar el tiempo de su acceso total a nivel nacional”.
Estos son solo algunos de los mensajes de correo electrónico que Flock Safety envió al Departamento de Policía de Portland entre julio y octubre de 2025. Flock esperaba ganar un nuevo cliente en ese departamento, la mayor agencia de seguridad pública de Oregón; y su propuesta de venta fue incesante.
Flock Safety fue fundada en 2017 en Atlanta, Georgia, con la misión de “eliminar el crimen”. Uno de sus productos más vendidos son los lectores automáticos de placas (ALPR): cámaras de alta velocidad impulsadas por inteligencia artificial que capturan automáticamente la matrícula, la marca y el modelo de los vehículos que pasan frente a ellas.
Otros productos incluyen sistemas de localización de disparos y drones. Flock vende estas herramientas a agencias de seguridad pública y empresas privadas. De sus 12.000 clientes en todo el país, más de 5.000 son agencias de seguridad pública.
Solo en Oregón, Flock tiene 37 clientes. El Departamento de Policía de Portland era el siguiente objetivo en su lista.
A través de una solicitud de registros públicos al Departamento de Policía de Portland, Feet in 2 Worlds obtuvo correspondencia por correo electrónico que muestra un historial de comunicaciones de ventas de Flock Safety en 2025. Estas propuestas de venta llegaban a la bandeja de entrada del departamento en un momento especialmente turbulento para Portland.
La ciudad fue noticia a nivel nacional por las protestas continuas contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el vecindario South Waterfront. En septiembre, el presidente Trump amenazó con desplegar la Guardia Nacional en Portland, mientras agentes federales usaban gas lacrimógeno, gas pimienta y municiones químicas contra los manifestantes, incluidos niños y personas mayores.
Public Safety Technology Division Manager. This correspondence was obtained via a public records request submitted to the Portland Police Bureau by Feet in 2 Worlds.
“Me encantaría programar una llamada para que estén al tanto de todas las posibilidades y recursos que Flock puede ofrecer dada su situación. ¡El acceso temporal es fácil! Solo necesito una firma de alguien en su departamento en un formulario breve, y activaremos el acceso al MOU o "memorando de entendimiento". Por lo general, ofrecemos acceso completo a nivel nacional a la red de Flock durante 90 días y luego acceso local de forma indefinida sin costo.
Sin embargo, ustedes y las demás personas en Portland son "niños especiales", y estamos motivados a brindarles algunos logros y llevar esta tecnología que salva vidas a su jurisdicción. Por lo tanto, no veo necesario limitar el tiempo de su acceso total a nivel nacional”.
¿Están disponibles para reunirse con mi equipo por Zoom (o puedo ir en persona) durante 30 minutos para poner en marcha este acceso al MOU y hablar más sobre cámaras en PDX?”
Este es un correo electrónico enviado por un gerente de ventas de Flock Safety el 26 de agosto de 2025 a la gerente de la División de Tecnología de Seguridad Pública de la ciudad de Portland. Esta correspondencia fue obtenida mediante una solicitud de registros públicos presentada ante el Departamento de Policía de Portland por Feet in 2 Worlds.
Estos correos sugieren que Flock intentó aprovechar las tensiones políticas en curso y aprovechar la oportunidad para ganar un cliente. El gerente de ventas de Flock explicó que la empresa suele ofrecer a los nuevos clientes acceso a información sobre conductores en distintos estados del país durante 90 días.
Pero, para mejorar la oferta y asegurar un nuevo cliente, Flock estaba dispuesta a ofrecer al Departamento de Policía de Portland acceso ilimitado y a nivel nacional a su red de datos, al mismo tiempo que se refería a las personas del departamento y de Portland como “niños especiales”. Y ese acceso no tendría ningún costo adicional para el departamento de policía.
En un acuerdo como este, los datos del público se convierten en una moneda de cambio entre empresas tecnológicas y agencias gubernamentales.
Si esa oferta adicional hubiera sido suficiente para que la policía de Portland firmara el contrato, Flock no solo habría ganado otro cliente, sino también acceso a la información de los residentes de Portland, incluyendo la forma en que se movían por la ciudad. Con esos nuevos datos añadidos a su red, el producto de Flock se volvería aún más atractivo para futuros clientes potenciales.
En un acuerdo como este, los datos del público se convierten en una moneda de cambio entre empresas tecnológicas y agencias gubernamentales.
“Eso también es parte de lo que hace que el intercambio sea fácil, porque el costo no recae en [la oficina], sino en otra persona”, dice Emerald Tse, asociada del Center on Privacy & Technology de Georgetown Law.
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En un correo electrónico a Feet in 2 Worlds, un representante de Flock Safety afirmó: “Flock no posee ni comparte el acceso a los datos de sus clientes en absoluto. Los clientes controlan sus datos, y solo ellos pueden decidir compartirlos con otras agencias de seguridad pública”.
“Apoyamos el uso legal de la tecnología de Flock para detener el crimen en nuestras comunidades, y hemos trabajado activamente con órganos de gobierno elegidos democráticamente para responsabilizar en los pocos casos en los que los usuarios abusan de las herramientas”, añadió el representante.
En última instancia, la oficina optó por otro proveedor llamado LiveView Technologies, con el cual ya tenía una relación previa.
Independientemente de si tu departamento local de seguridad pública decide hacer negocios con Flock o con LiveView Technologies, empresas como estas operan bajo un modelo de negocio en el que tus datos son el producto, uno que genera decenas de millones de dólares anuales.
Las empresas privadas y las agencias gubernamentales no tienen nada que perder al compartir estos datos, pero sí millones por ganar. Las empresas se ganan el favor de departamentos municipales, gobiernos estatales y agencias federales, con la esperanza de vender un producto y aumentar sus márgenes de ganancia.
Mientras tanto, empleados en los niveles local, estatal y federal del gobierno se benefician al tener un conveniente acceso a una amplia red de datos. Investigadores que normalmente solicitarían una orden judicial y seguirían procedimientos burocráticos para obtener información ahora pueden optar por canales más fáciles e informales, como solicitudes por correo electrónico a sus colegas.
Ayudar a otros investigadores a encontrar a alguien de quien sospechan que ha cometido una falta significa que ellos también podrían ayudarte cuando lo necesites. Estas relaciones de intercambio de datos basadas en quid pro quo ocurren en todos los niveles de las fuerzas de seguridad. Fomentan una cultura de “compartir datos ahora y hacer preguntas después”. La aceleración en la gestión de solicitudes de información puede llevar a errores y a eludir el debido proceso.
Flock Safety, la empresa que buscó atraer al Departamento de Policía de Portland en 2025, ha estado recientemente en el centro de una controversia sobre el intercambio de datos.
Periodistas, defensores y académicos han revelado la asistencia de Flock en los esfuerzos de deportación de ICE en todo el país. Otros han revelado el seguimiento de manifestantes y activistas por parte de Flock.
Cuando Feet in 2 Worlds contactó a Flock para obtener comentarios, el mismo representante de Flock Safety dijo que la empresa no tiene vínculos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni con ninguna subagencia de DHS.
Una industria valorada en miles de millones
Incluso frente al escrutinio público, el negocio de Flock seguía en auge.
En 2025, Flock dijo que superó los 300 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, un aumento del 70% interanual. En marzo de 2025, Flock anunció que obtuvo 275 millones de dólares de inversionistas, elevando su financiamiento total a más de 950 millones de dólares, según datos de PitchBook.
La financiación fue liderada por Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo controversial cuyo cofundador, Marc Andreessen, tiene estrechos vínculos con el presidente Donald Trump.
Pero Flock está lejos de ser el único que obtiene ganancias de los datos del público.
Los corredores de datos como LexisNexis y Thomson Reuters generaron más de 250 mil millones de dólares en 2022, según el Brennan Center for Justice. Los corredores de datos son empresas privadas que agregan y venden información personal de los estadounidenses. Esa información puede incluir registros telefónicos, registros de vehículos, facturas de servicios públicos e información de direcciones, así como datos de ALPR.
A través de lo que se conoce como la laguna legal de los intermediarios de datos (broker loophole), agencias como ICE aprovechan esta información y eluden las protecciones de las ciudades santuario como Portland. Eso ha conducido a numerosas detenciones de tráfico y arrestos en el área metropolitana durante el último año.
En la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos, las agencias federales tienen una larga historia de recopilación de datos de poblaciones vulnerables. A lo largo de 13 años, ICE gastó 97 millones de dólares en corredores de datos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene un contrato con LexisNexis por más de 20 millones de dólares para acceder a una base de datos de investigación que ICE considera “fundamental” para sus operaciones. DHS también tiene un contrato vigente con Thomson Reuters por un valor de 22,8 millones de dólares.
“Hay grandes incentivos para encontrar maneras de eludir restricciones razonables”, dice Spencer Reynolds, asesor principal de la NAACP, una organización de derechos civiles. “Es un sistema de rodeos. Esos rodeos deben cerrarse. Y es muy difícil porque hay mucho dinero detrás”.
La falta de salvaguardas y de supervisión gubernamental permite que esta industria multimillonaria prospere.
Un beneficiario inesperado
Una solicitud de registros públicos que Feet in 2 Worlds presentó ante la Oficina de Transporte de Portland confirma que, a diciembre de 2025, los Servicios de Conductores y Vehículos Motorizados de Oregón tienen un contrato activo con LexisNexis, lo que significa que los datos de los conductores en Oregón son accesibles para los suscriptores de LexisNexis.
En una economía de datos amplia y lucrativa, las fuerzas del orden no son la única agencia gubernamental que participa. Agencias federales, incluido ICE, compran de forma rutinaria información de los departamentos de vehículos motorizados de distintos estados a través de corredores de datos. A nivel nacional, estos departamentos venden la información personal de los conductores a empresas privadas como LexisNexis, que luego la venden a ICE, generando millones de dólares en ganancias.
LexisNexis no respondió a una solicitud de comentarios.
En la primera parte de nuestra serie Surveilled and Sold, Feet in 2 Worlds reveló la existencia de contratos activos entre la policía de Portland y intermediarios privados de datos, lo que socava las políticas de santuario de la ciudad.
Al vender datos de los departamentos de vehículos motorizados, California obtuvo aproximadamente 50 millones de dólares en solo un año. Illinois recaudó 45 millones en 2022. Y el Departamento de Licencias del estado de Washington -donde investigadores verificaron que la información de conductores estuvo directamente vinculada a arrestos de ICE en 2025- obtuvo más de 26 millones de dólares en 2017.
Ilustración por Dabin Han
Un portavoz del Departamento de Transporte de Oregón dijo a Feet in 2 Worlds que parte de los ingresos que recauda por compartir datos de conductores se destina al Fondo Estatal de Carreteras, mientras que el resto se utiliza para cubrir los costos de proporcionar registros electrónicos y operar el portal web estatal.
En otros estados, sigue sin estar claro para académicos e investigadores exactamente a dónde va el dinero dentro de estos departamentos.
“No he visto realmente mucha explicación sobre por qué hacen eso o qué hacen con esos ingresos”, dice Emerald Tse, del Center on Privacy & Technology de Georgetown Law.
Los datos vendidos por los departamentos de vehículos motorizados varían de un estado a otro; en general, pueden incluir el nombre de una persona, dirección, código postal, fecha de nacimiento, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Es completamente legal hacerlo bajo leyes federales y estatales. Tanto la Ley de Protección de la Privacidad de los Conductores como los códigos del estado de Oregón autorizan la venta y el intercambio de información de conductores con agencias gubernamentales y cualquier “persona que se dedique a difundir dicha información”.
Mientras estas agencias obtienen millones, los conductores indocumentados son rastreados y arrestados en masa.
“Para cualquiera de nosotros es alarmante saber, seamos inmigrantes o no, que cuando proporcionamos nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, la dirección de nuestro hogar, nuestras fotografías a una entidad gubernamental con el propósito de obtener un beneficio tan crucial para la vida diaria como conducir por las calles, esa información está siendo canalizada sistemáticamente por todo el país hacia intermediarios privados de datos que la venden a agencias de seguridad pública y a partes privadas que podrían usarla para hacernos daño”, dice Laura Rivera, abogada principal de Just Futures Law.
Favores amistosos por encima de los procedimientos profesionales
En 2016, un empleado del DHS pidió un favor a un detective en un centro de fusión, un centro de inteligencia que agrupa información de agencias estatales, locales y federales en grandes bases de datos.
“Lo siento, pero ¿podría revisar las siguientes placas por mí”, escribió el empleado del DHS.
En menos de una hora, el detective del centro de fusión respondió, “¿Por qué lo sientes? No hay necesidad. Todos tenemos trabajo que hacer. Estoy aquí para ayudarte. :)”.
En 2018, un agente de Homeland Security Investigations (HSI) escribió a otro empleado de un centro de fusión, pidiéndole que buscara una placa de matrícula.
Un correo electrónico enviado por un agente de HSI el 20 de abril de 2018 a un empleado de un centro de fusión solicitando búsquedas de placas. Esta correspondencia fue obtenida mediante una solicitud de registros públicos presentada por la ACLU.
“Odio pedirlo pero… ¿te importaría revisar 2 [placas] más”, escribió el agente de HSI.
“Vamos, en realidad no odias pedirlo… :)”, respondió el empleado del centro de fusión, incluyendo un archivo adjunto en su respuesta.
En 2019, un empleado del DMV de Colorado envió un correo electrónico a un agente de ICE, solicitando una fotografía de una persona.
El agente de ICE respondió ese mismo día con la foto, añadiendo las palabras: “¡Buena caza!”.
Sin contexto, estos mensajes podrían leerse como mensajes casuales entre amigos. Pero se trata de correos electrónicos oficiales entre empleados gubernamentales, discutiendo y compartiendo de manera informal información privada de personas para diversos fines de investigación y aplicación de la ley.
Los intercambios de datos privados pueden fortalecer las relaciones entre agencias de seguridad, eludiendo los procedimientos formales. Empleados de distintas agencias federales y locales pueden compartir información sensible entre sí sin mucha duda ni formalidad, viendo estos casos como un favor a un colega o una forma de facilitarse el trabajo mutuamente. Esto fomenta actitudes de “no preguntes, no digas” entre los involucrados, ayudándose a sortear el debido proceso y los canales formales de investigación con rapidez y con poca supervisión externa.
Ilustración por Dabin Han
Una mirada a los datos de los residentes de Portland
El intercambio de comunicaciones sobre datos privados también está ocurriendo en Oregón, a pesar de las leyes estatales y locales que prohíben que las fuerzas del orden locales colaboren con la aplicación de leyes migratorias.
Feet in 2 Worlds presentó una solicitud de registros públicos ante el Departamento de Policía de Portland para obtener correspondencia por correo electrónico entre agentes federales de inmigración, analistas de investigación en centros de intercambio de inteligencia y oficiales del Departamento de Policía de Portland. Los registros muestran evidencia de colaboración e intercambio de datos, lo que plantea interrogantes sobre posibles violaciones de las leyes santuario de la ciudad y del estado.
Aunque la mayoría de los registros recibidos estaban fuertemente censurados, su mera existencia -junto con campos de asunto, destinatarios y archivos adjuntos sin censurar- sugiere que hay relaciones de trabajo entre agencias federales y fuerzas del orden locales.
En julio de 2025, por ejemplo, un agente especial de Homeland Security Investigations (HSI) envió un correo electrónico con el asunto, “HSI Request for Assistance”, a un analista de investigación del Departamento de Policía de Portland. El analista respondió en menos de una hora. El contenido del correo está censurado; sin embargo, los registros muestran intercambios de mensajes antes de que la solicitud fuera reenviada a un analista de investigación del Oregon Watch Center, un centro de fusión.
Creados por el Congreso en 2004 en respuesta a los atentados del 11 de septiembre, los centros de fusión hoy operan con muy poca supervisión. Son fuertemente criticados por defensores de la privacidad, por señalar a grupos marginados como minorías raciales, personas que buscan abortos e inmigrantes bajo el pretexto del contraterrorismo y la seguridad pública.
El correo de julio de 2025 entre el agente de HSI y un oficial de la policía de Portland es un ejemplo de colaboración prohibida que ocurre en una ciudad y un estado santuario, potenciada por las redes de personal y herramientas de investigación a las que un analista de un centro de fusión tendría acceso.
En otro correo electrónico, un agente distinto de HSI envió una hoja de cálculo titulada, “New List HSI Portland Plates”(“Nueva lista de placas de HSI Portland”), a un analista criminal del Departamento de Policía de Portland y a un colega de HSI. Más de una semana después, los registros muestran correspondencia sobre esa lista entre un agente de Customs and Border Patrol (CBP) y el analista criminal.
Aunque el contenido de estos mensajes ha sido censurado, el propósito investigativo de la hoja de cálculo compartida probablemente esté relacionado con inmigración, ya que HSI es la principal división investigativa dentro de ICE.
La sola existencia de una conversación de ida y vuelta entre un oficial de la policía de Portland y un agente de ICE sobre placas de vehículos que interesan a HSI plantea interrogantes sobre el cumplimiento del Departamento de Policía de Portland con la ley santuario estatal.
En un correo electrónico a Feet in 2 Worlds, un portavoz del Departamento de Policía de Portland (PPB) escribió, “El Departamento de Policía de Portland no participa en la aplicación de leyes migratorias. PPB sigue y hace cumplir la ley de Oregón y las ordenanzas de la ciudad. Además, como el jefe ha declarado públicamente en numerosas ocasiones, PPB sí se comunica y coordina con socios federales de las fuerzas del orden cuando se trata de investigaciones criminales. Este tipo de colaboración está centrado en la seguridad pública y es distinto de la aplicación de leyes migratorias”.
“Todo el sistema de justicia penal se supone que debe ser un punto de fricción. La labor policial no se supone que sea fácil.”
– Brian Hofer
Todas estas prácticas investigativas -desde contratos con corredores de datos hasta un colega amable en el pasillo- pueden aumentar la eficiencia de las agencias de seguridad. Las búsquedas en bases de datos comerciales arrojan resultados en segundos; los investigadores responden correos en menos de una hora. Pero los expertos sostienen que, aunque estas herramientas facilitan el trabajo, alguien paga el precio.
“Todo el sistema de justicia penal se supone que debe ser un punto de fricción”, dice Brian Hofer, director ejecutivo de Secure Justice, una organización de defensa de la privacidad digital. “La labor policial no se supone que sea fácil”, añade.
Aun así, se priorizan la eficiencia para los investigadores y las ganancias para las empresas privadas.
“El argumento de la eficiencia siempre parece surgir con una nueva tecnología como una forma de vender el producto sin plantear realmente la pregunta de, ‘¿Qué estamos perdiendo cuando ganamos eficiencia?’”, dice Tse.
Salvaguardas constitucionales básicas, como la obtención de órdenes judiciales, son una forma de prevenir que acusaciones erróneas alteren la vida de una persona.
Y sin una protección federal integral de nuestros datos, la tecnología de vigilancia y la industria de intermediarios de datos continúan superando la legislación fragmentada estado por estado que intenta cubrir esa brecha.
La deportación masiva va de la mano con la vigilancia masiva. Mientras la segunda administración del presidente Donald Trump apunta a los inmigrantes como criminales en primer lugar, su definición de criminal puede cambiar. Los inmigrantes pueden estar entre los primeros en ser objeto de vigilancia privada; probablemente no serán los últimos.
“Con las tecnologías de vigilancia, el costo lo pagan las personas”, dice Tse.
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Esta investigación fue apoyada en parte por el Fund for Investigative Journalism.
Feet in 2 Worlds cuenta con el apoyo de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, The Ford Foundation, la Fundación Fernandez Pave the Way, la Fundación Elizabeth Bond Davis, un donante anónimo y los contribuyentes a nuestra campaña anual NewsMatch.
Narimes Parakul is the 2025-2026 Reporting Fellow at Feet in 2 Worlds and an award-winning investigative journalist based in the Pacific Northwest. Most recently, she was Business Insider’s first staff researcher and fact-checker on the investigations team. Her work on longform investigative projects include reporting on the environmental and financial consequences of data centers across the U.S., contributing to the first reporting dataset of transgender homicides over a five-year span, and building a reporting database exposing sexual abuse cover-ups among secondary school teachers in the largest school districts in the country. Using enterprising public records, her quicker turnaround investigative stories covered patterns of abuse, inhumane conditions, and wrongful deaths in the correctional and psychiatric care industries.