Latinos se unen en colectas digitales para liberar a detenidos por ICE
Arte de Dayimar Ayala Altuve
Gastos en abogados, impuestos ante los tribunales y posibles fianzas superan la capacidad económica de las familias migrantes, quienes dependen de la solidaridad comunitaria con “coperachas” o “vacas” para tratar de traer a los suyos de vuelta a casa.
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Por Dayimar Ayala Altuve
Edición y traducción de Rodrigo Cervantes
“Me detuvieron dos policías. Me pidieron apagar el teléfono y me llevan preso”. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Pablo* de la voz de su hijo, Ramón, aquella madrugada de mayo de 2026. Lo que vino después fue un deslave de gastos imposibles de sostener solos. Pablo es venezolano, con 10 años viviendo en Florida, y está a la espera de la resolución de su solicitud de asilo.
*Nota: Quienes prestaron sus testimonios para este reportaje
prefieren mantener su nombre bajo anonimato,
ya que algunos continúan con procesos abiertos
tras ser liberados bajo fianza.
Todos los nombres presentados son referenciales.
Reunirse de nuevo le costó a esa familia venezolana 15,000 dólares de fianza; 17 días de angustia, zozobra e incertidumbre y un cambio en la dinámica familiar.
Una campaña para recaudar fondos para Ramón y promovida por su familia fue exitosa en la medida en que gente desde su natal Venezuela y otros paisanos dentro de Estados Unidos donaron. Los demás gastos familiares tuvieron que subsanarlos con préstamos personales y más trabajo.
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Collage: GoFoundMe; Jacamo07 en TikTok.
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En enero de 2026, Noticias Telemundo documentó varios casos de que algunas personas deben recurrir también a la solidaridad de sus paisanos y de cualquiera que así lo desee, para cubrir gastos esenciales, como alimentación o pagos de servicios, especialmente cuando el proveedor principal es detenido por razones migratorias.
Basta una simple búsqueda en Google para comprobarlo y ver que Pablo y Ramón no son los únicos que han tenido que recurrir a solicitar ayuda económica en línea para pagar abogados, gastos dentro de los centros de detención (llamadas, tablets de entretenimiento, impuestos de presentación ante el tribunal, costos de documentación, etcétera) y posibles fianzas. Son decenas de familias.
“Ayuda a que mi hermano regrese a casa”. “Ayúdanos a reunir a nuestra familia”. “Fui detenido por ICE y necesito tu ayuda”. Esas son algunas de las palabras que acompañan a las campañas de recaudación a través de plataformas como GoFundMe. Mensajes similares se difunden por WhatsApp, en los que piden no compartir abiertamente la petición y que las colaboraciones se hagan a través de Zelle.
Para los gastos de detenciones, las peticiones de ayuda van desde los 5,000 hasta los 30,000 dólares, aunque también se pide apoyo de otras formas, desde la difusión en redes sociales e incluso mediante oraciones.
Pablo contó a palabra que Ramón no tiene antecedentes penales, trabaja en el área de sistemas de una compañía de telecomunicaciones y fue detenido luego de que a su carro le estallara una llanta, propiciando que chocara contra una valla de la autopista. A los minutos llegó una patrulla para supuestamente “auxiliarlo”, pero al ver su licencia, notaron que era “temporal” y que tenía un proceso migratorio pendiente (una solicitud de asilo).
Llegó una segunda patrulla. Fue ahí cuandole permitieron esa llamada de alerta a su papá, luego le pusieron las manos en la espalda, lo esposaron y se lo llevaron. Del otro lado del teléfono, la familia quedó con más preguntas que respuestas.
“Esa tarde llamó y nos confirmó que estaba detenido. Nos dijo que lo estaban presionando para que firmara la autodeportación y que le dolía respirar. Lo llevaron al hospital, los médicos verificaron que tenía dos costillas fracturadas y, pese a la recomendación de que debía permanecer hospitalizado al menos dos días, las autoridades lo regresaron al centro de detención. Lo fueron cambiando de una cárcel a otra, y en esa reubicación, se anula el tiempo para la audiencia y el proceso empieza de nuevo”, narró Pablo.
“Cada persona detenida parece que es un negocio, porque esos centros de detención son de empresas privadas; entonces es un negocio por la comida, la ropa, el tiempo que pasan allí, las formas en que pueden comunicarse. Hay muchas realidades en todo esto. No es posible que me des permiso de estar en tu país, me otorgues un permiso de trabajo, un Social Security Number, me exijas pago de impuestos, y después vas y me detienes”, señaló.
Las opciones legales para los inmigrantes en Estados Unidos se han ido limitando. Hay retrasos en la aprobación de asilos y suspensión de protecciones migratorias para ciudadanos de ciertos países, incluyendo a Venezuela, como el Temporary Protected Status (TPS) y el parole humanitario.
Detenciones a inmigrantes por ICE: Gastos en abogados, impuestos ante los tribunales y posibles fianzas superan la capacidad económica de las familias migrantes, quienes dependen de la solidaridad comunitaria con “coperachas” o “vacas” para tratar de traer a los suyos de vuelta a casa.
LA AYUDA LLEGA DE TODOS LADOS
En Doral, también en Florida, detuvieron al venezolano Pedro en agosto de 2026 cuando iba camino a su trabajo como asistente en una agencia de festejos. Una patrulla detuvo su carro y, tras pedirle la licencia, le preguntaron si tenía TPS, asilo o alguna otra condición migratoria. Luego lo llevaron a la cárcel. Misma historia: sin antecedentes penales, trabajador y con un proceso migratorio pendiente.
Su familia activó una campaña de recaudación que en las primeras horas alcanzó el 30% de la meta. “A los ojos de la gente no estará bien pedir dinero para algo así, pero no tenemos el dinero. Todos trabajamos por día y esto cambia completamente la dinámica, porque él (Pedro) nos ayudaba con los gastos”, relató María, su madre, también venezolana y quien, al igual que su hijo, está en la lista de los afectados por la suspensión del TPS. María tiene cuatro años con una solicitud de asilo pendiente.
“Hacemos la campaña porque queremos que la gente sepa que todo es de gran ayuda, no todo se soluciona con el dinero, pero sí ayuda”, agregó María.
Carola, quien vive en México, donó en mayo de 2026 a la campaña del esposo de una amiga de su natal Venezuela. “La ayudé porque realmente creo que es algo a lo que antes de toda esta ola de persecución de migrantes, no mucha gente se había enfrentado. La gente tiene la idea errónea de que quienes estamos fuera de nuestro país tenemos mucho dinero, y no es así para la mayoría. Mi amiga perdió turnos de trabajo por reunirse con los abogados de su esposo, tuvieron que hacer recortes en comida y, por supuesto, no pudieron ayudar a sus familiares en Venezuela. Entonces, ¿por qué no ayudarla? Era lo que tenía que hacer, y lo hice”, precisó.
Las campañas de recaudación suelen tener, en su mayoría, un efecto viral, pues en grupos digitales de migrantes y redes sociales se corre la voz entre los familiares del país de origen. Son latinos apoyando a otros latinos en una situación inédita, y que generalmente responde a una “emergencia”, ante el miedo por las múltiples denuncias de tratos crueles e inhumanos en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.
“A los ojos de la gente no estará bien pedir dinero para algo así, pero no tenemos el dinero. Todos trabajamos por día y esto cambia completamente la dinámica, porque él nos ayudaba con los gastos”.
—María, madre venezolana
“LOS GASTOS LLEGAN DE UN DÍA PARA EL OTRO”
Un usuario de TikTok, Jacamo07, explicó en un video que nunca pensó que necesitaría una campaña de recaudación, hasta que fue detenido por ICE. El joven de origen nicaragüense crea contenido “educativo y no legal”. En su video detalla que no es solo el costo del abogado, sino que hay que sumar “los gastos de las llamadas, el dinero para la comisaría, copias, envío de documentos, y muchos otros gastos que llegan de un día para otro”.
De acuerdo con las consultas hechas por palabra a personas afectadas, un abogado puede cobrar entre 4,000 y 18,000 dólares; las fianzas van desde los 1,500 hasta por encima de los 20,000 dólares si la Justicia considera “riesgo de fuga”; un estimado de 100 dólares semanales para comunicación telefónica; 100 dólares o más en copias e impuestos, y un largo etcétera.
Los datos de ICE dan cuenta de que hasta julio de 2026 (últimos datos disponibles) han detenido a 74,082 no ciudadanos. The New York Times informó que las cifras de detenciones por razones migratorias son “récord”, notando que pareciera que ICE “está más cerca de cumplir su objetivo de 2,000 detenciones diarias”.
Hay casos públicos de cubanos, ecuatorianos, mexicanos y más.
Claudia Curiel, portavoz hispana de GoFundMe, dijo a palabra que en la plataforma no tienen actualmente datos sobre las recaudaciones relacionadas con detenciones migratorias.
Casi todas las campañas ofrecen detalles de en qué se invertirán los fondos y dan contexto del caso, pero son pocas las familias que se atreven a hablar públicamente del proceso porque se sienten perseguidas y en la mira de las autoridades. Sienten que la exposición puede llevarlos a ser el próximo objetivo migratorio. Al menos seis familias rechazaron ofrecer su testimonio para este reportaje por “miedo” y “recomendación de los abogados”.
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Dayimar Ayala Altuve es comunicadora social egresada de la Universidad Católica Santa Rosa, en Caracas, Venezuela. Es especialista en opinión pública, formada en temas de discapacidad por el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monteávila, en Caracas, Venezuela. Es emprendedora de Di-capacidad, la primera plataforma digital informativa sobre las discapacidades en Venezuela, que se centra en comunicar historias inspiradoras, avances para esa comunidad y alfabetización mediática. Participa en voluntariado social y ha sido miembro de redacciones como Univision Noticias y La Razón de España, entre otras.