Desaparecer dos veces

 

Cecilia Delgado Grijalva es una buscadora (nombre que adoptaron las madres y familiares de personas desaparecidas dedicadas a encontrar los restos de sus seres queridos) y fundadora de Buscadoras por la Paz, en Hermosillo, Sonora, México. Foto de Andrea Godínez

 
 

Morgues colapsadas y un subregistro en la base de datos nacional de personas desaparecidas en México

Nota de la editora: Este reportaje forma parte de la serie “Migrar y Desaparecer”. 

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Una necropsia “bien hecha” toma entre tres y seis horas, pero algunas fiscalías locales en los estados de México cuentan con apenas un médico forense al día que realiza hasta 10 necropsias en un tramo de 12 horas. ¿Cuántos médicos forenses se requieren para completar necropsias de los más de 50.000 cuerpos sin identificar que hay en México? ¿Y cuántos se necesitan para devolver a las familias de Guatemala los restos de sus migrantes hallados muertos en territorio mexicano?

Jairo Hernando Vivas, médico forense del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y experto en identificación humana, destaca los desafíos que enfrentan las fiscalías, especialmente las que están ubicadas en lugares con altos índices de muertes violentas, para enfrentar la crisis forense en México.

“Uno mira cómo están trabajando los colegas y no tienen el tiempo suficiente para hacer una autopsia, para dejar registro de toda la evidencia necesaria, no solo para la identificación, sino para la investigación del crimen. Entonces también es entendible”, dice el médico. “Mirar los toros desde la barrera es fácil, pero ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Por qué no lograron identificar estos cuerpos?”.

Son las fiscalías locales, que tienen la custodia de los cuerpos, las responsables de enviar las carpetas de investigaciones sobre personas desaparecidas a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para que sean incluidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO).

Jornada de búsqueda de migrantes desaparecidos en Nogales, Sonora. Foto de Andrea Godínez

Sin embargo, cualquier ciudadano, periodista o integrante de una organización no gubernamental (ONG) que consulte el RNPDNO para saber cuántas desapariciones de inmigrantes se han reportado se topará con un abismal subregistro.

Este equipo de investigación envió 157 solicitudes de acceso a la información a gobiernos estatales y federales, e incluso a la misma CNB.

Al 31 de diciembre de 2022, la CNB había publicado solo el 9.6% del total de reportes de migrantes desaparecidos que habían recibido las fiscalías en México para esa fecha. Este subregistro se halló cuando se solicitó a las 32 fiscalías locales las cifras totales de migrantes desaparecidos en México, entre 2017 y 2022.

Tras recibir respuestas de 26 fiscalías, se concluyó que hay un total de 1,270 migrantes reportados como desaparecidos ante estas oficinas locales, pero que la cifra es muy dispar a la mostrada públicamente. La CNB solo ha contabilizado 124 en ese mismo período, lo que representa una brecha abismal. Autoridades de las fiscalías dijeron que entre esos 1,270 migrantes tenían reportes de 64 que fueron hallados muertos, pero la CNB solo registró dos.

Además, sometió recursos de revisión con fiscalías como la del Estado de Nuevo León donde, en un principio, un funcionario alegó que le era “humanamente imposible” saber cuántas carpetas de investigación y reportes de inmigrantes desaparecidos tienen. 

La CNB reconoce que hay un subregistro

Tras procesar los datos obtenidos, se llegó a la conclusión de que hay un subregistro en el RNPDNO, mismo que reconoció la CNB.

Pero, ¿por qué existe un subregistro si la principal fuente de información de ese registro nacional son las fiscalías locales?

Se requirió a la CNB saber por qué las fiscalías estatales revelaron un número de inmigrantes desaparecidos mucho más alto del que aparece en el RNPDNO.

Luego de insistir durante seis meses por una entrevista, la CNB accedió y una funcionaria dijo que tenían alrededor de 1.300 inmigrantes contabilizados como desaparecidos en una base de datos, la cual se negaron a compartir porque alegan que se encuentra en una “fase de estandarización”.

“Nuestra cifra que nosotros manejamos en nuestra dirección de búsqueda de personas migrantes son alrededor de 1.300 personas, justamente caracterizando los casos de los que tenemos conocimiento y damos seguimiento y que luego se está haciendo su búsqueda”, mencionó Sonja Perkic-Krempl, directora general de acciones de búsqueda de la CNB.

En una entrevista para esta investigación aceptó que existe un subregistro público en la RNPDNO y lo atribuyó a que los reportes hechos carecen de certeza y que esos datos “no tienen suficiente información para poder rastrear”.

“Entonces, ¿lo que marca la base pública nacional es un subregistro?” se le cuestionó.

“Sí, de hecho nosotros estamos conscientes de este subregistro porque justamente es difícil rastrear la información. Te repito, son casos que estamos preparando y rastreando para tener una información certera”, dijo Perkic-Krempl. 

Retrospectiva forense

El MEIF no descarta que entre los más de 50.000 cuerpos no identificados en México estén los restos de migrantes, pero determinar a quiénes pertenecen es algo muy complicado, considerando el rezago que tiene el país en atender la crisis forense.

“Nosotros partimos de cuerpos que no tienen nombre y, por lo tanto, no tenemos un indicio, poniéndolo en esos términos o sospecha alguna, que se puede tratar de un migrante”, dice Vivas. “Eso lo hace mucho más complejo y exigente.

“¿Qué va a ser lo más difícil? Si bien es difícil trabajar o tener información de las personas dadas como desaparecidas en el país, mucho más difícil va a ser tener la de otros países”.

Las palas que usan las madres cuando salen al campo a buscar los cuerpos de sus hijos en Nogales, Sonora. Foto de Andrea Godínez

El MEIF trabaja para mejorar la información que recolectan y someten las fiscalías locales al hacer exhumaciones de restos hallados hasta 2019. Ahora, trabajan con al menos tres fiscalías locales, de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, en un proyecto de identificación retrospectiva para estudiar los cuerpos que están sin identificar en las morgues.

En la entrevista aclara que ellos solo dan la metodología a las fiscalías e intentan hacer los “match” del ADN con nombres de las bases de datos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. “Los dueños de la información siguen siendo las fiscalías estatales”, reiteró. “Todo el tiempo tanto la información como el cuerpo sigue en custodia de las fiscalías”.

Sin embargo, el trabajo con las fiscalías se da con convenios, a los cuales éstas no están obligadas a firmar o seguir. Por lo tanto, para trabajar con el MEIF deben confiarse de la “voluntad política”.

Buscar desde Centroamérica

Cuando desapareció el hijo de Cecilia Delgado Grijalva fundó Buscadoras por la Paz, un grupo de madres de Hermosillo, Sonora que se dedican a intentar encontrar y recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Durante esa búsqueda Cecilia encontró los restos de su hijo. Ahora busca también a su sobrino desaparecido.

Una madre que sale al campo con un pico y una pala para darle, al menos, un descanso en paz a su hijo, es testimonio vivo de la grave realidad que atraviesa México. Pero, también lo es de la lucha y persistencia de estas mujeres que no dejan de buscar.

A ella acuden, por teléfono o redes sociales, madres de Centroamérica, de Guatemala en particular, para pedirle su ayuda.

Búsqueda de familiares desaparecidos en Sonora, México. Foto de Andrea Godínez

“Tengo muchos casos en la página de madres que pierden a sus hijos en camino al sueño americano. Me hablan llorando. Me dicen que estaba en un lugar, cuando fue la última vez que se comunicó con ellas. Y nosotras no tenemos el acceso rápido a una búsqueda inmediata. Eso nos mata, no poderlas ayudar al 100%. Puedo ayudarles a difundir su ficha de búsqueda pero muchas veces están en otros lugares, como Tamaulipas, y no tenemos acceso. Y pues la verdad que siento su sufrimiento y más porque ellas no pueden estar acá en México”, contó Cecilia en medio de una búsqueda en marzo.

Muchas familias centroamericanas viajan a México para iniciar la búsqueda de sus seres queridos.

“Las vuelven a revictimizar cuando ellas piden su visa humanitaria para venir acá a buscar a sus hijos. Se encuentran con muchas trabas”, agregó Cecilia. “Sufrimos lo que ellas están sufriendo y sabemos lo que es ese dolor”. 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting  (IWPR, por sus siglas en inglés).

Verónica Liso es una gerente de producto argentina de medios nativos digitales y periodista de investigación freelance desde 2013. Se especializa en periodismo judicial y periodismo de datos. Ha publicado en Cosecha Roja, Infojus Noticias, Página 12, Revista Anfibia, eldiario.ar, y Perycia, entre otros.

Rosario Marina es una periodista especializada en datos y narrativa. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Cubre hace 10 años temas de derechos humanos, género y LGBTIQ, migración y violencia policial para medios de España, Guatemala, Estados Unidos y Argentina.

Gabriela Olga Villegas es editora regional de contenidos digitales para Univisión Texas y Chicago. Es ganadora de un Lone Star EMMY en cobertura sobre el tiempo invernal en el norte de Texas con el equipo de Noticias 23. Trabajó por más de siete años como periodista para El Norte y Reforma en Monterrey, México, donde comenzó en la cobertura de nota diaria y realizó investigaciones periodísticas enfocadas en corrupción que fueron de impacto nacional, como la desviación de recursos en programas sociales y el favoritismo de políticos con empresas para repartir contratos y licitaciones.

Andrea Godínez es una comunicadora social guatemalteca con una trayectoria de siete años dedicados al fotoperiodismo y producción de contenido periodístico. Cubre temas de migración, pobreza y desigualdad social. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar.