Discriminados en tierra propia
El requisito de identificarse para acceder a la vacuna de COVID-19 discrimina a cientos de miles de mexicanos menores de edad sin registro de nacimiento, inexistentes para autoridades mexicanas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como El Caracol están ayudando para que su vacunación sea posible como en el caso de estas niñas y niños. 14 de septiembre de 2022. Foto cortesía galería fotográfica El Caracol A.C.
México no garantiza el acceso a la vacuna contra el COVID-19 a niños y niñas nacidos en el país que no tienen documentos de identidad
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Ese jueves del verano de 2022, Mariela García se despertó más temprano de lo habitual. Debía preparar la canasta con los 200 tacos de papa y frijol que su esposo vendía a diario en bicicleta, pero además, ese día sus dos hijas recibirían la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Integrantes de El Caracol A.C., una organización de la sociedad civil que ofrece apoyo a familias vulnerables, las escoltarían para que no se les negara la inmunización, misma que, en México, es realizada exclusivamente por las autoridades civiles y militares.
El temor a que se les negara la vacuna se debe a que las hijas de Mariela, Ana y Paola, de 8 y 9 años, no cumplen con el requisito que las autoridades de salud mexicanas exigen para inmunizar contra el COVID-19: contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), una código alfanumérico individual asignado a cada ciudadano mexicano inscrito ante el Registro Civil con un certificado de nacimiento.
Los hospitales públicos donde Ana y Paola nacieron no dieron aviso al Registro Civil, dejando la compleja tarea en manos de su madre, Mariela, una mujer amorosa e inteligente, en condición de pobreza y analfabeta. El caso de las hermanas no es único: seis de cada 10 personas no registradas en México son niños, niñas y adolescentes, según estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
En 2017, durante un período en el que Mariela, su esposo y sus hijas vivían en las aceras de la Ciudad de México, la policía capitalina realizó uno de sus operativos regulares para desalojar de la vía pública a quienes vivían en situación de calle. Un camión de basura arrasó con todo lo que se encontraba en el asentamiento, incluidos los pocos documentos de Mariela: su acta de nacimiento y los registros hospitalarios de sus dos alumbramientos. La propia UNICEF reconoce que las dificultades para reunir la documentación solicitada y para trasladarse a una oficina del Registro Civil, así como el costo de los trámites, son algunas de las barreras que enfrentan los mexicanos para acceder a la CURP, la única manera de ejercer el derecho humano a la identidad.
Mariela y sus hijas, Ana y Paola, el día que Ana recibió su primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en la Ciudad de México. 4 de agosto de 2022. Foto por Alice Pipitone
“¡Llegó su momento!”, anunció la Secretaría de Salud en un sitio en línea creado para el registro y posterior acceso a la vacuna contra el COVID-19. El pasado 16 de junio inició el registro para niños entre 5 y 11 años de edad, y el primero de los requisitos enlistados, tanto para ellos como para el resto de la población, es contar con la CURP.
En abril de 2021, el Secretario de Salud de México, Jorge Alcocer, autorizó la actualización del documento rector de la “Política Nacional de Vacunación contra el Virus Sars-Cov-2”. En él se establece que la falta de documentos de identidad no será un obstáculo para vacunarse, y que se privilegiará “el criterio de auto identificación” y/o se generarán “claves provisionales con las características de la CURP”. Lo segundo efectivamente sucedió, pero la Secretaría de Salud no promociona la existencia de dicha clave provisional entre quienes podrían utilizarla.
“La política de vacunación en México ha sido un desastre desde el inicio”, afirma a palabra Jaime Sepúlveda Amor, director ejecutivo del Institute for Global Health Science (Instituto de Ciencias de Salud Global) de la Universidad de California en San Francisco. Sepúlveda Amor por más de dos décadas encabezó las principales instituciones de epidemiología y salud pública en México. “Que se la nieguen a niños por no tener documentos de identidad me indigna y conmueve”.
La obligatoriedad de la CURP también discrimina a las familias de inmigrantes indocumentados en el país. El citado documento rector de la política de vacunación afirma que “las personas migrantes en situación irregular podrán acceder a la vacuna sin que esto ponga en riesgo su estancia en el país”, pero no dice cómo accederán a ella. Los módulos de vacunación rechazan a las personas inmigrantes sin documentos de identidad, mayores o menores de edad, a pesar de que la propia Secretaría de Salud Federal aseguró a palabra que la vacuna contra el COVID-19 “es universal y de acceso a cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano”.
El maratón de Mariela
El esposo de Mariela perdió su empleo a causa de la pandemia en 2020, lo que provocó que la familia se retrasara en el pago de dos rentas y los desalojaran. En aquel momento, el hombre vendía ropa usada en un mercado ambulante; con el confinamiento obligatorio, las ventas disminuyeron y su empleador lo despidió. La familia vivió un año en las aceras del centro histórico de la Ciudad de México hasta principios de 2022, cuando el equipo de El Caracol les consiguió un cuarto en la azotea de un edificio y cubrió las primeras mensualidades del alquiler.
En los meses posteriores, la pareja se hizo cargo de los pagos vendiendo tacos “de canasta”, llamados así porque se colocan en una cesta para mantenerlos calientes y se transportan en bicicleta para su venta en la vía pública. Ella cocinaba en una olla sostenida por dos tabiques usando latas de alcohol industrial, y él salía a venderlos. La bicicleta la armaron comprando pieza por pieza, con dinero obtenido limpiando parabrisas en los semáforos y vendiendo botellas de PET y aluminio.
Además del apoyo que El Caracol ofrece a familias como la de Mariela, esta asociación civil se ha esforzado por informar, promover y finalmente acercar a la población a los centros de vacunación. El pasado 4 de agosto, Mariela y sus hijas llegaron puntuales a la cita en la sede de la organización para reunirse con otros 17 niños que serían inoculados, todos ellos en condiciones de vivienda precaria. Cerca del mediodía, el equipo trasladó a los niños en dos camionetas a una de las clínicas que aplica la vacuna Pfizer-BioNTech a niños de entre 5 y 11 años.
Niñas y niños previo a ser vacunados contra el COVID-19 por la Marina Nacional en la Ciudad de México. Entre ellos, Paola, la hija mayor de Mariela. 23 de septiembre de 2022. Foto cortesía galería fotográfica El Caracol A.C.
Casualmente, se encontraba en el lugar una funcionaria del gobierno federal quien, al enterarse de que los niños formados, bien peinados y con su ropa impecable (la asociación aconseja cuidar su apariencia, ya que ése también suele ser motivo de discriminación) eran población vulnerable, de inmediato ofreció su ayuda: “¡Espérenme, voy a pelear con mi jefa!”, dijo. Tras varias llamadas telefónicas, la mujer volvió con una clave numérica provisional para sustituir a la CURP. palabra realizó una solicitud de información pública sobre dicha CURP provisional a distintas autoridades federales y locales, pero éstas afirmaron desconocer de qué se trataba.
El mayor obstáculo se había resuelto, pero solo una niña — la hija menor de Mariela — y un niño pudieron vacunarse, ya que esa semana la vacuna estaba disponible solo para los niños con 8 años cumplidos. De nada sirvió la buena relación entre El Caracol y la clínica, ni que los primeros explicaran que es muy difícil reunir y trasladar a esta población, hijas e hijos de trabajadores precarios que dependen de sus ingresos diarios para comer y dormir bajo un techo.
La vacunación de 10 de los 17 niños y niñas que lo intentaron la primera vez — 41 días atrás — se concretó el 14 de septiembre, gracias a las relaciones que El Caracol ha tejido durante casi tres décadas con funcionarios públicos en distintas instituciones y a la intercesión del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Personal de la Secretaría de la Marina Nacional (SEMAR) suministró y aplicó las vacunas a los menores de edad, sin que los niños tuvieran que presentar documento alguno, y se abrió una tercera fecha. El 23 de septiembre, Paola, la hija mayor de Mariela, fue vacunada junto a otros nueve niños y niñas de entre 5 y 12 años de edad.
Todos en el mismo barco
“No pude vacunar a mi hijo en México; insistieron que sin CURP era imposible”.
Doris, infectóloga de un hospital público en la Ciudad de México — quien pidió que su nombre fuera cambiado para proteger su privacidad — tuvo que vacunar a su hijo en Estados Unidos porque los trámites para sacar la CURP “eran larguísimos”. Su acta de nacimiento, estadounidense, señala claramente que es hijo de padres mexicanos, pero este documento no era suficiente y las clases presenciales pronto iniciarían; en el país vecino, a Doris le bastó con sacar una cita en una farmacia y presentar una identificación del niño.
En Estados Unidos, la vacuna es gratuita, se cuente o no con un número de Seguro Social y/o seguro médico, tal como lo establece la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus; la administración del Presidente Joe Biden ordenó que ningún sitio de vacunación niegue la inmunización a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, este acceso universal a la vacuna no siempre está garantizado en la práctica.
Vacunación en las oficinas en Maryland de la asociación de ayuda y abogacía de inmigrantes en Estados Unidos, CASA. El 26 de marzo de 2021 en Langley Park, donde el 83% de la población son hispanos. Foto cortesía CASA
Una encuesta de Kaiser Family Foundation de 2021 reveló que 33% de los adultos hispanos en Estados Unidos no vacunados desean ser inmunizados, pero temen afectar su estatus migratorio o el de sus familiares, se les dificulta trasladarse o no pueden faltar al trabajo por eventuales efectos secundarios de la vacuna. La encuesta también señala que se han solicitado documentos no obligatorios a poblaciones hispanas en puntos de vacunación: al 56% de los que recibieron la vacuna se les solicitó su identificación emitida por el gobierno; al 15% su número de seguridad social.
Al igual que en México, las poblaciones vulnerables en Estados Unidos han recurrido a las organizaciones de la sociedad civil para inmunizarse. “Hemos aplicado vacunas a cerca de 20 mil personas en nuestras instalaciones, incluidos niños, haciendo vínculos con las clínicas”, señala Michelle LaRue, directora del programa de salud de CASA Maryland, una asociación civil que apoya a hispanos en ese país. “Con nosotros se sienten seguros”.
En el caso de América Latina y el Caribe, países como Cuba, Argentina, Chile y Venezuela, entre otros, ya están aplicando la vacuna contra el COVID-19 a niños a partir de los seis meses, los dos, los tres o los 5 años de edad, según el país — aunque la disparidad en los porcentajes de población vacunada entre países va, de menos del 2% en Haití, a más del 90% en Chile. Pero en la región hay al menos 3.2 millones de niños y niñas menores de cinco años que nunca han sido registrados; de estos, el 78% se concentran en cinco países: México, Brasil, Venezuela, Bolivia y Haití, según estimaciones de UNICEF.
Joseph Ralph Midy, Asesor Regional de Inmunización de UNICEF para América Latina y el Caribe, recuerda que “no se debe negar jamás a un niño o niña la vacuna contra el COVID-19, o cualquier otra vacuna, por no contar con documentos de identidad”, debido a que eso viola su derecho al acceso a servicios de salud. Y, al menos 15 de los 18 países de la región que están inmunizando a niños y niñas contra el COVID-19 exigen documentos de identidad de los menores de edad para vacunarlos, según la información publicada en los portales de sus respectivos gobiernos.
Menor de edad inoculado con la vacuna Pfizer-BioNTech por miembro de la Marina Nacional, en el sur de la Ciudad de México. 14 de septiembre de 2022. Foto cortesía Galería fotográfica El Caracol A.C.
Fifa A. Rahman, coautora del reporte “Mapping COVID-19 Access Gaps: Results from 14 Countries and Territories”, publicado por Matahari Global Solutions afirma que la respuesta mundial al COVID “ha sido racista. Se abandonó a las personas de países con ingresos medios y bajos”. Rahman asegura que las bajas tasas de vacunación se han atribuido al miedo a vacunarse, pero que esto es falso. “Las poblaciones en el sur del mundo han enfrentado falta de suministro de vacunas, baja inversión en sistemas de salud y una adaptación mediocre a las necesidades locales”, afirma.
Los números le dan la razón. El 67.9% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra el COVID-19, pero en los países de bajos ingresos el porcentaje es de 22.5%, según las estimaciones de la organización Global Change Data Lab. A pesar de la norma internacional, el acceso a la vacuna se ha convertido en un privilegio.
Esto lo saben personas como Mariela, quien, a pesar de que sus hijas estaban temerosas de la inyección, las convenció de que tenían que vacunarse porque “es una oportunidad muy grande”. Tal vez no cuenta con un gran patrimonio, pero está tranquila sabiendo que “el día que me muera, mis hijas al menos quedarán sanas”.
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Alice Pipitone es una periodista de investigación independiente en México, donde ha colaborado con varios medios de radio, digitales e impresos. En Washington, D.C., ha contribuido para Newsweek en español. Y, en Colombia, trabajó con la unidad de investigación de la revista económica Dinero.